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NACIONALES
03/07/2018
Aborto legal: empieza el debate en las tres comisiones del Senado


Aborto legal: empieza el debate en las tres comisiones del Senado
A partir de las 17, los legisladores establecerán la cantidad de encuentros durante el mes de julio y los invitados que participarán. Cuáles son los cambios que se quieren incluir en el documento que podría volver a Diputados.

Tras la histórica media sanción de la Cámara de Diputados, el Senado comenzará a debatir hoy el proyecto de legalización del aborto en un plenario de tres comisiones, que deberá definir el esquema de trabajo de las próximas semanas.

Las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales se reunirán a partir de las 17 para establecer la cantidad de sesiones y de invitados que participarán en el tratamiento previo a la votación.

Según acordaron los jefes de distintos bloques del Senado, el objetivo es que se obtenga un dictamen el 1° de agosto. Una semana después, el pliego llegaría al recinto.

La comisión cabecera de las reuniones durante todo julio será la de Salud, presidida por el oficialista Mariano Fiad, que se opone al aborto legal. Mientras que su par de Justicia, Pedro Guastavino, está a favor y Dalmacio Mera, titular de Asuntos Constitucionales, aparece entre los indecisos pero con inclinación hacia el rechazo.

Durante estas discusiones, los senadores definirán si el proyecto que envió la Cámara de Diputados tendrá modificaciones, uno de los pedidos que más resonó en las últimas semanas por aquellos sectores que no se identifican con los que defienden la legalización ni con sus detractores. En caso que se aprueben estos cambios, el pliego deberá volver a pasar por las comisiones y el recinto de la Cámara baja.

Los senadores que proponen cambios

Las internas en el Senado se intensificaron a casi un mes de que el proyecto del aborto legal se someta a votación. Los sectores que están en contra y aquellos que no definieron su postura adelantaron que presentarán alternativas.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue uno de los que llevó una propuesta diferente para negociar entre ambos lados. Según su iniciativa, se tendría que cambiar el artículo 88 del Código Penalpara ofrecerles a los jueces la posibilidad de disminuir las penas al mínimo legal a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

En el documento se aclara que la condena pasaría de 1 a 4 años de prisión. Y a su vez, el magistrado podría considerar como atenuante la edad de la joven, su educación, los motivos que la determinaron a actuar y, especialmente, su condición económica.

Otros de los que rechazan la legalización, pero que votarían a favor de la despenalización, son los senadores Rodolfo Urtubey, del PJ por Salta, y Ernesto Martínez, de Cambiemos por Córdoba.

Maurice Closs, del Frente Renovador de la Concordia, también adelantó que presentará cambios. El exgobernador de Misiones cuestionó el costo que significaría el aborto para los sistemas provinciales de salud y, en la misma línea, criticó que no se contemple la objeción de conciencia institucional.

Estos meses pensé y reflexioné mucho sobre esta ley y entendí que votar en contra y penalizar a las mujeres no salva ninguna vida. Los abortos son una realidad y las mujeres pobres se mueren.

Esta ley trata de acercar a las mujeres al sistema de salud y que puedan tomar la mejor decisión con toda la información sobre sus alternativas, incluso la de no abortar.

Una de las voces que más llamó la atención fue la de la oficialista Gladys González. La senadora que se había pronunciado en contra en varias oportunidades, dio un giro inesperado y adelantó que votará a favor de la legalización.

A través de un comunicado, explicó que también quiere se incluyan tres cambios. Aunque estos no condicionaran su postura. En el texto, detalló que pedirá reforzar la prevención, garantizar el acceso de las mujeres a toda la información sobre las alternativas del aborto y mejorar el artículo que se refiere a la objeción de conciencia, ya que considera que las instituciones de salud privadas pueden negarse a realizar la práctica.





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